La oposición cubana determinó el martes mantener la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre, pese a que las autoridades la prohibieron unas horas antes, acusando a sus organizadores de querer provocar un cambio de régimen con el apoyo de Washington.
“El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos”, anunció en Facebook el grupo de debate político Archipiélago, organizador y convocante de la manifestación.
Según la dictadura cubana, fue declarada ilícita por considerar que sus promotores tienen la intención de impulsar un cambio de régimen, argumentando la falta de razones y los vínculos de los promotores con “organizaciones subversivas”.
La Marcha Cívica por el Cambio se había adelantado del 20 de noviembre al 15 de ese mes tras un primer impedimento de La Habana: el anuncio del régimen de realizar “ejercicios de preparación de defensa” del 17 al 20 de noviembre.
El régimen terminó por desterrar la posibilidad de que reciba el permiso.
En una carta en respuesta a la solicitud, indicaron que “no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha” y dijeron que los promotores del evento tienen “vínculos con organizaciones subversivas o agencais financiadas por el gobierno estadounidense”.
Además, esgrimieron que el ejercicio de los derechos, como el de la libre expresión, está limitado al derechos de los demás, “la seguridad colectiva, el bienestar general”.
La carta firmada por Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, concluyó: “Es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”.
Por otra parte, Estados Unidos pidió a la dictadura cubana “respetar los derechos fundamentales” de los cubanos, al rechazar la decisión de La Habana de prohibir la marcha opositora.
“Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano”, afirmó.
Price negó que Estados Unidos esté detrás de estas movilizaciones.
“Lo que sucedió en julio, lo que sucedió en los días y semanas posteriores a eso, no se trataba de Estados Unidos. Se trataba de la conducta del régimen cubano, las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano por libertad, por dignidad, por prosperidad, elementos que les han sido negados por este régimen durante demasiado tiempo, desde 1959″, aseveró.
El portavoz de la diplomacia estadounidense pidió la “liberación inmediata” de todos ellos, tras denunciar “detenciones arbitrarias”, “desapariciones” y “juicio sumarios”.
“La violencia que hemos visto, las detenciones que hemos visto, la represión que hemos visto, ahora la prohibición a la protesta pacífica que hemos visto, todo esto nos recuerda que el pueblo cubano está pagando muy caro su lucha por la libertad”, dijo Price.
El antecedente de la marcha está en las inéditas protestas del pasado 11 y 12 de julio en medio centenar de ciudades cubanas, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.
Estas manifestaciones espontáneas, sin precedentes desde el triunfo de la revolución de 1959, se produjeron al grito de “Tenemos hambre”, “Abajo la dictadura” y “Libertad”, en el marco de una severa crisis económica, la peor en 30 años.
Desde entonces, varias personalidades disidentes han sido detenidas, como José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, que están encarcelados desde el 11 de julio. Otros opositores como Manuel Cuesta Morua, Guillermo Fariñas y Berta Soler fueron puestos en libertad a las pocas horas de sus arrestos, tras ser advertidos de su convocatoria de manifestación.
(AFP)